LBP nº 7. El Juicio político en España

Septiembre de 1995.

EXTRA DE OTOÑO.

Visto para Sentencia.

o El Juicio Político en España.

Comenzamos un nuevo curso académico, judicial, y un telón comienza a caer sobre el escenario que estrenamos en enero.

Nos ha tocado conocer en grado sumo cómo las responsabilidades políticas se han supeditado a la actividad jurisdiccional. La paradoja de los enterradores de Montesquieu consiste en haberle dado una inesperada, azarosa y artificial vida.

Por mi parte os diré que ojalá existiese en estos momentos un mecanismo de juicio político capaz de permitir la destitución individual de los responsables políticos del deaguisado.

Aquí se han querido confundir las leyes, la ética y la política, y en rigor, ante esta postura, la situación, que parece se acabará por resolver, es irresoluble.

Se dirá: ¿Acaso no tienen algo de juicio político instituciones tales como la moción de censura o el suplicatorio? Pero sólo algo, porque son instituciones que, si bien pueden llevar aparejado un juicio plítico, no se encaminan a él.

La Moción de Censura es un mecanismo constitucional orientado, más que como juicio, a la sustitución de gobiernos resultante de la reordenación de la mayoría parlamentaria por realineamiento de las diversas minorías. De donde resulta que sólo se presenta su ocasión ante gobiernos minoritarios, y aún así, es de difícil aritmética.

El Suplicatorio sólo supone el levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria para que pueda actuar la Justicia, con lo que, si bien según la índole de la inculpación, puede implicar su concesión un juicio político de condena, ni lo es siempre y necesariamente, ni lo permite a voluntad. Además, supone tener que esperar a la iniciativa del Poder Judicial que ni puede ni debe hacer Juicios Políticos.

El único Juicio Político posible descansa en manos del cuerpo electoral que no obstante no tiene poder de iniciativa dentro de la legislatura. ¿Es esto un mal? ¿Debiera cambiarse la ley? A esto respondo que no hay ley mala donde impera el buen sentido.

En nuestra responsabilidad está buscar ese buen sentido en los gobernantes, y en la de todos juntos, defender la Constitución, que, repito, con buen sentido, está bien como está.

Las páginas que siguen forman el extra de Otoño de El Librepensador, y las dedico con cariño a los aforados, a los Ilustres miembros del Poder Judicial, y al Pueblo Español, juez último y supremo.

“Un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. (…) como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.”

Adolfo Suárez, 29-1-1981. Discurso de Despedida.

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